Piden hasta doce años para las cabecillas de una red que explotaba a mujeres sudamericanas en Sevilla

La Fiscalía pide entre doce y ocho años y medio de cárcel para los integrantes de una red de trata de personas, que presuntamente se dedicaba a traer mujeres desde Nicaragua hasta Sevilla, con escala en Bilbao, para explotarlas laboralemente a través de trabajos en servicios doméstricos.

Un tribunal de la Audiencia de Sevilla sentará en el banquillo a partir del día 20 de este mes a seis acusados de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los seis acusados, la mayoría compatriotas de las víctimas, conformaban, según la Fiscalía, una organización criminal.

Bajo la promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, «embaucaban» a mujeres nicaragüenses para venir a España. Entraban en territorio nacional en calidad de turistas. Una vez aquí y a pesar de que los miembros de la organización decían asumir todos los costes del viaje, les reclamaban entre 3.500 y 7.000 euros por los gastos, que debían abonar trabajando para la red.

De Sudamérica a Bilbao. De allí a Hernani y del País Vasco en autobús hasta Sevilla, llegando a Plaza de Armas. La red les proporcionaba las casas para trabajar limpiando o cuidando mayores, les publicaban los anuncios en webs y pactaban sus sueldos. Las mandaban a trabajar a Dos Hermanas, Los Palacios o Sanlúcar la Mayor.

Hasta 14 chicas en un piso
Después las hacinaban en pisos de las Tres Mil Viviendas y El Cerro del Águila de la capital, cuyo alquiler «desorbitado» también tenían que pagar las víctimas. En un mismo piso podían vivir hasta catorce chicas en tres habitaciones.

Los explotadores, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, se quedaban con un porcentaje de los sueldos de las mujeres.

Las tenían amenazadas en caso de no aceptar estas precarias condiciones, denunciando a las autoridades su situación irregular en España para su expulsión a su país de origen. Un caso de trata de personas de manual, como tantos otros que abordan con mucha frecuencia el Servicio Andaluz de Asistencia a las Victimas (SAVA). La Policía Nacional destapó esta red en noviembre de 2019. También captaron mujeres en territorio nacional.

Dentro de la organización cada acusado asumía un rol distinto. Unos se encargaban de la captación de las inmigrantes desde España con la ayuda de familiares en el país de origen. Otros buscaban víctimas en territorio nacional. Estaba la procesada que se encargaba de alojarlas en Sevilla, y quienes las recogían en el aeropuerto de Bilbao.

Ofrecimientos sexuales
Según la Fiscalía, hay, al menos, siete víctimas desde febrero de 2018 hasta noviembre de 2019, cuando cae la red en manos de la Policía Nacional. En alguna ocasión, las víctimas recibieron la propuesta de obtener más dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, aunque estos hechos no se siguen en este procedimiento judicial.

Los seis acusados, tres hombres y tres mujeres, se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía que va desde los ocho años y medio hasta los doce años de cárcel. Las indemnizaciones a las víctimas, que deberán asumir solidariamente los procesados en caso de ser condenados, podrían alcanzar los 80.000 euros aproximadamente.La Fiscalía pide entre doce y ocho años y medio de cárcel para los integrantes de una red de trata de personas, que presuntamente se dedicaba a traer mujeres desde Nicaragua hasta Sevilla, con escala en Bilbao, para explotarlas laboralemente a través de trabajos en servicios doméstricos.

Un tribunal de la Audiencia de Sevilla sentará en el banquillo a partir del día 20 de este mes a seis acusados de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los seis acusados, la mayoría compatriotas de las víctimas, conformaban, según la Fiscalía, una organización criminal.

Bajo la promesa de un trabajo digno y bien remunerado en el servicio doméstico, «embaucaban» a mujeres nicaragüenses para venir a España. Entraban en territorio nacional en calidad de turistas. Una vez aquí y a pesar de que los miembros de la organización decían asumir todos los costes del viaje, les reclamaban entre 3.500 y 7.000 euros por los gastos, que debían abonar trabajando para la red.

De Sudamérica a Bilbao. De allí a Hernani y del País Vasco en autobús hasta Sevilla, llegando a Plaza de Armas. La red les proporcionaba las casas para trabajar limpiando o cuidando mayores, les publicaban los anuncios en webs y pactaban sus sueldos. Las mandaban a trabajar a Dos Hermanas, Los Palacios o Sanlúcar la Mayor.

Hasta 14 chicas en un piso
Después las hacinaban en pisos de las Tres Mil Viviendas y El Cerro del Águila de la capital, cuyo alquiler «desorbitado» también tenían que pagar las víctimas. En un mismo piso podían vivir hasta catorce chicas en tres habitaciones.

Los explotadores, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, se quedaban con un porcentaje de los sueldos de las mujeres.

Las tenían amenazadas en caso de no aceptar estas precarias condiciones, denunciando a las autoridades su situación irregular en España para su expulsión a su país de origen. Un caso de trata de personas de manual, como tantos otros que abordan con mucha frecuencia el Servicio Andaluz de Asistencia a las Victimas (SAVA). La Policía Nacional destapó esta red en noviembre de 2019. También captaron mujeres en territorio nacional.

Dentro de la organización cada acusado asumía un rol distinto. Unos se encargaban de la captación de las inmigrantes desde España con la ayuda de familiares en el país de origen. Otros buscaban víctimas en territorio nacional. Estaba la procesada que se encargaba de alojarlas en Sevilla, y quienes las recogían en el aeropuerto de Bilbao.

Ofrecimientos sexuales
Según la Fiscalía, hay, al menos, siete víctimas desde febrero de 2018 hasta noviembre de 2019, cuando cae la red en manos de la Policía Nacional. En alguna ocasión, las víctimas recibieron la propuesta de obtener más dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, aunque estos hechos no se siguen en este procedimiento judicial.

Los seis acusados, tres hombres y tres mujeres, se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía que va desde los ocho años y medio hasta los doce años de cárcel. Las indemnizaciones a las víctimas, que deberán asumir solidariamente los procesados en caso de ser condenados, podrían alcanzar los 80.000 euros aproximadamente.

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