Los nueve acusados por el ERE del Río Grande, más cerca del banquillo

Los nueve acusados por el ERE del restaurante sevillano Río Grande están más cerca de sentarse en el banquillo. El juez instructor José Ignacio Vilaplana ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los investigados, entre los que se encuentra la que fuera empresaria y dueña del establecimiento en el año 2005, María del Carmen García, y el conseguidor y sindicalista Juan Lanzas, a los que solicita el abono de fianzas millonarias.

Además del exsindicalista de UGT Juan Lanzas y la dueña del establecimiento hostelero, también están acusados Beatriz N.M., la pareja de Lanzas; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera comercial de dicha entidad Francisco González; otro responsable más de Vitalia, Jesús Bordallo; el testaferro Eduardo Leal, por la entidad Atrado Mensajería; Carlos Leal por un bufete de abogados y finalmente la ‘intrusa’ Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 pese que no formaba parte de la plantilla.

El pasado mes de septiembre se conocía las penas que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción en esta pieza del caso ERE, en la que se investiga las irregularidades en las ayudas millonarias concedidas por los gobiernos socialistas en la Junta a la empresa Río Grande, gestora del conocido restaurante de la calle Betis de la capital andaluza.

El Ministerio Público reclama para Lanzas siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta; para Beatriz N.M. seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta; para la dueña del restaurante siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta; para Albarracín también siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta; para los también miembros de Vitalia Francisco González y Jesús Bordallo, igualmente siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta; para Eduardo Leal. seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta; para Carlos Leal. siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta; y para Carmen Fontela cuatro años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta.

Todo ello, por un presunto delito de prevaricación en concurso medial con un posible delito de malversación de caudales públicos, extremo por el cual la Fiscalía Anticorrupción solicita que todos los acusados salvo Carmen Fontela y junto a las entidades asociadas a los mismos, restituyan a la Junta de Andalucía «1.531.299,51 euros por los daños y perjuicios causados, con los intereses legales de demora».

Respecto a Carmen Fontela, en paralelo, el Ministerio Público reclama que responda como responsable civil «solidaria de los anteriores» por importe de 155.427,74 euros. Igualmente, la Fiscalía pide el «comiso» de la cantidad de 93.090,17 euros a Lanzas y de 26.054,56 euros a Carlos Leal «como ganancias derivadas del hecho delictivo».

1,2 millones de fondos públicos
En su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el juez José Ignacio Vilaplana abordaba «la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la entidad Río Grande sin sujeción al procedimiento legalmente establecido», añadiendo que, «de manera ilícita y fraudulenta», se concede una subvención de 1,2 millones a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicias.

Una vez que el juez tiene sobre la mesa los escritos de acusación de la Fiscalía, el PP-A y la Junta, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los nueves acusados y requiere a éstos para que abonen fianzas por sus posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de este proceso. Y en caso de no hacer frente al abono de éstas, les advierte de riesgo de embargo.

Así, fija en 1,8 millones de euros la fianza a afrontar por María del Carmen García; en 1,9 millones para Juan Lanzas; 1,7 millones para Eduardo Leal, Beatriz N.M., Francisco G.G., y Carlos Leal; y en 1,6 millones para Antonio Albarracín y Jesús Bordallo. Río Grande deberá abonar 1,5 millones, la misma que Estudios Jurídicos Villasís y Atrado Mensajería.Los nueve acusados por el ERE del restaurante sevillano Río Grande están más cerca de sentarse en el banquillo. El juez instructor José Ignacio Vilaplana ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los investigados, entre los que se encuentra la que fuera empresaria y dueña del establecimiento en el año 2005, María del Carmen García, y el conseguidor y sindicalista Juan Lanzas, a los que solicita el abono de fianzas millonarias.

Además del exsindicalista de UGT Juan Lanzas y la dueña del establecimiento hostelero, también están acusados Beatriz N.M., la pareja de Lanzas; el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín; el que fuera comercial de dicha entidad Francisco González; otro responsable más de Vitalia, Jesús Bordallo; el testaferro Eduardo Leal, por la entidad Atrado Mensajería; Carlos Leal por un bufete de abogados y finalmente la ‘intrusa’ Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 pese que no formaba parte de la plantilla.

El pasado mes de septiembre se conocía las penas que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción en esta pieza del caso ERE, en la que se investiga las irregularidades en las ayudas millonarias concedidas por los gobiernos socialistas en la Junta a la empresa Río Grande, gestora del conocido restaurante de la calle Betis de la capital andaluza.

El Ministerio Público reclama para Lanzas siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta; para Beatriz N.M. seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta; para la dueña del restaurante siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta; para Albarracín también siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta; para los también miembros de Vitalia Francisco González y Jesús Bordallo, igualmente siete años de prisión y 18 de inhabilitación absoluta; para Eduardo Leal. seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta; para Carlos Leal. siete años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta; y para Carmen Fontela cuatro años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación absoluta.

Todo ello, por un presunto delito de prevaricación en concurso medial con un posible delito de malversación de caudales públicos, extremo por el cual la Fiscalía Anticorrupción solicita que todos los acusados salvo Carmen Fontela y junto a las entidades asociadas a los mismos, restituyan a la Junta de Andalucía «1.531.299,51 euros por los daños y perjuicios causados, con los intereses legales de demora».

Respecto a Carmen Fontela, en paralelo, el Ministerio Público reclama que responda como responsable civil «solidaria de los anteriores» por importe de 155.427,74 euros. Igualmente, la Fiscalía pide el «comiso» de la cantidad de 93.090,17 euros a Lanzas y de 26.054,56 euros a Carlos Leal «como ganancias derivadas del hecho delictivo».

1,2 millones de fondos públicos
En su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el juez José Ignacio Vilaplana abordaba «la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo a la entidad Río Grande sin sujeción al procedimiento legalmente establecido», añadiendo que, «de manera ilícita y fraudulenta», se concede una subvención de 1,2 millones a dicha empresa para satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores afectados por el ERE de 2005 mediante la financiación de un seguro de rentas vitalicias.

Una vez que el juez tiene sobre la mesa los escritos de acusación de la Fiscalía, el PP-A y la Junta, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los nueves acusados y requiere a éstos para que abonen fianzas por sus posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de este proceso. Y en caso de no hacer frente al abono de éstas, les advierte de riesgo de embargo.

Así, fija en 1,8 millones de euros la fianza a afrontar por María del Carmen García; en 1,9 millones para Juan Lanzas; 1,7 millones para Eduardo Leal, Beatriz N.M., Francisco G.G., y Carlos Leal; y en 1,6 millones para Antonio Albarracín y Jesús Bordallo. Río Grande deberá abonar 1,5 millones, la misma que Estudios Jurídicos Villasís y Atrado Mensajería.

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