El fuerte auge del cultivo de la marihuana en Sevilla: se triplican las incautaciones y los detenidos

Los cuerpos policiales se han reunido este jueves en torno a la mesa de coordinación que se creó el año pasado para tratar de ganar en eficacia en la lucha contra la producción y posterior venta de marihuana en suelo sevillano. Una industria que ha conseguido asentarse con fuerza en la provincia como muestran las múltiples intervenciones que realizan cada semana tanto Policía Nacional como Guardia Civil en distintas localidades.

En esta mesa de trabajo, presidida por el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, se ha hecho balance. A nivel político, en clave positiva, por cuanto que se han triplicado las detenciones y el peso de las incautaciones. Pero a nivel policial, esto no es más que un síntoma de lo extendida que está una práctica ilegal de la que se enriquecen organizaciones criminales.

Según los datos aportados por la subdelegación del Gobierno en un comunicado de prensa, entre enero y agosto de este año se han ejecutado 303 operaciones, se ha incautado 12.955 kilos de droga y 39.461 plantas; además se han realizado 161 registros domiciliarios y han sido detenidas 343 personas. La comparativa con los datos acumulados en 2020 es llamativa; si bien en este cálculo hay que tener en cuenta un par de circunstancias. Como indica la propia subdelegación, las cifras del año pasado comprenden desde que arrancó a trabajar esta mesa de coordinación, que se reunió por primera vez a finales de julio. Y por otro lado, las cifras sobre delitos registrados en 2020 están muy contaminadas por la pandemia y los toques de queda, que limitaron la movilidad de la población y redujeron como nunca la delincuencia.

Reunión celebrada este jueves en la subdelegación del Gobierno

ABC
En la reunión también ha estado presente el Ayuntamiento de Sevilla, a través del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien ha recordado «que esta actividad ilegal, además de ser un asunto de salud pública, provoca que muchos vecinos sufran incidencias relacionadas con el suministro eléctrico y de agua y origina problemas de convivencia en los barrios».

A nivel judicial, el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, ha informado que en este año se han decretado 258 prisiones preventivas, de las que 16 corresponden a delitos contra la salud pública que no implican un grave daño, que es donde se encuadran sustancias como la marihuana y el hachís. En 2020 fueron aprobadas 444 prisiones preventivas. Fernández Arévalo ha subrayado que de cada 100 personas que ingresan en prisión, en torno a 18 lo son por salud pública. Según el fiscal jefe, hay una tendencia creciente a que se decrete prisión preventiva y una mayor contundencia judicial. Una de las razones que ha propiciado el auge del cultivo de la marihuana ha sido precisamente el escaso temor por parte de los cultivadores a sufrir una condena de prisión severa.

Pueblos dedicados a la marihuana
El subdelegado del Gobierno ha admitido en la reunión que hay pequeñas localides donde esta actividad «se ha generalizado». Operaciones como la que llevó a cabo la Guardia Civil en El Palmar lo confirmó, con decenas de detenidos, muchos de ellos vecinos sin contacto con el mundo del narcotráfico, que se dedican al cultivo para posteriormente vender a terceros la droga que se recolecta de las plantas.

Toscano señaló que, además de estos pequeños cultivadores, hay individuos que trabajan como intermediarios entre los productores y las bandas criminales y grandes superficies cultuvadas, tanto outdoor como indoor, que controlan organizaciones criminales que venden la mercancía en el extranjero.Los cuerpos policiales se han reunido este jueves en torno a la mesa de coordinación que se creó el año pasado para tratar de ganar en eficacia en la lucha contra la producción y posterior venta de marihuana en suelo sevillano. Una industria que ha conseguido asentarse con fuerza en la provincia como muestran las múltiples intervenciones que realizan cada semana tanto Policía Nacional como Guardia Civil en distintas localidades.

En esta mesa de trabajo, presidida por el subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, se ha hecho balance. A nivel político, en clave positiva, por cuanto que se han triplicado las detenciones y el peso de las incautaciones. Pero a nivel policial, esto no es más que un síntoma de lo extendida que está una práctica ilegal de la que se enriquecen organizaciones criminales.

Según los datos aportados por la subdelegación del Gobierno en un comunicado de prensa, entre enero y agosto de este año se han ejecutado 303 operaciones, se ha incautado 12.955 kilos de droga y 39.461 plantas; además se han realizado 161 registros domiciliarios y han sido detenidas 343 personas. La comparativa con los datos acumulados en 2020 es llamativa; si bien en este cálculo hay que tener en cuenta un par de circunstancias. Como indica la propia subdelegación, las cifras del año pasado comprenden desde que arrancó a trabajar esta mesa de coordinación, que se reunió por primera vez a finales de julio. Y por otro lado, las cifras sobre delitos registrados en 2020 están muy contaminadas por la pandemia y los toques de queda, que limitaron la movilidad de la población y redujeron como nunca la delincuencia.

Reunión celebrada este jueves en la subdelegación del Gobierno

ABC
En la reunión también ha estado presente el Ayuntamiento de Sevilla, a través del delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien ha recordado «que esta actividad ilegal, además de ser un asunto de salud pública, provoca que muchos vecinos sufran incidencias relacionadas con el suministro eléctrico y de agua y origina problemas de convivencia en los barrios».

A nivel judicial, el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, ha informado que en este año se han decretado 258 prisiones preventivas, de las que 16 corresponden a delitos contra la salud pública que no implican un grave daño, que es donde se encuadran sustancias como la marihuana y el hachís. En 2020 fueron aprobadas 444 prisiones preventivas. Fernández Arévalo ha subrayado que de cada 100 personas que ingresan en prisión, en torno a 18 lo son por salud pública. Según el fiscal jefe, hay una tendencia creciente a que se decrete prisión preventiva y una mayor contundencia judicial. Una de las razones que ha propiciado el auge del cultivo de la marihuana ha sido precisamente el escaso temor por parte de los cultivadores a sufrir una condena de prisión severa.

Pueblos dedicados a la marihuana
El subdelegado del Gobierno ha admitido en la reunión que hay pequeñas localides donde esta actividad «se ha generalizado». Operaciones como la que llevó a cabo la Guardia Civil en El Palmar lo confirmó, con decenas de detenidos, muchos de ellos vecinos sin contacto con el mundo del narcotráfico, que se dedican al cultivo para posteriormente vender a terceros la droga que se recolecta de las plantas.

Toscano señaló que, además de estos pequeños cultivadores, hay individuos que trabajan como intermediarios entre los productores y las bandas criminales y grandes superficies cultuvadas, tanto outdoor como indoor, que controlan organizaciones criminales que venden la mercancía en el extranjero.

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